Las Madres de Plaza de Mayo, consideradas un símbolo mundial de la lucha por la defensa de los derechos humanos, han visto dañada su reputación a partir del accionar de un ex apoderado que está bajo investigación por el presunto enriquecimiento a través de fondos públicos destinados a esa organización.
El escándalo también ha tenido repercusiones políticas a pocos meses de las elecciones generales, puesto que las Madres son muy cercanas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien todo indica buscará la reelección.
Sergio Schoklender, mano derecha de Hebe de Bonafini, presidenta de la organización, está imputado por los delitos de «defraudación a la administración pública, lavado de dinero y asociación ilícita», junto a su hermano Pablo y a otros siete allegados.
De acuerdo con la denuncia del fiscal Jorge Di Lello, Schoklender habría realizado una serie de «maniobras sospechosas» dirigiendo fondos públicos destinados a un programa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas populares hacia una serie de empresas.
La causa está a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, quien les prohibió la salida del país a los imputados y ordenó una serie de allanamientos y secuestro de documentación.
Aunque el citado fiscal Di Lello, advirtió que «la redondez de la bolilla está un poco deformada» en referencia al sorteo que puso a cargo del caso Schoklender al citado juez federal.
¿Fue limpio e imparcial el sorteo que lo habilitó a investigar esos supuestos abusos? Esa es una pregunta que al menos yo, no estoy en condiciones de responder.
Lo que si sorprende es que son muchas las causas: «El patrimonio del matrimonio Kirchner; el caso de las escuchas telefónicas que afectan a Mauricio Macri (uno de los enemigos más aborrecidos por el kirchnerismo); la investigación sobre la corrupción del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el escándalo por el manejo de la obra social de los camioneros por parte de Hugo Moyano; el exhorto suizo que pidió información sobre Moyano y sus presuntos socios, y, ahora, la pesquisa sobre los eventuales delitos de lavado de dinero por parte del ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender», son sólo algunos de los expedientes que cayeron en manos de Oyarbide, gracias a un sorteo, aparentemente anómalo y arbitrario.
Schoklender, que según medios de prensa cuenta con un patrimonio que incluye un Ferrari, un Porsche y aviones privados, entre otros bienes, se presentó espontáneamente este lunes en los tribunales y le entregó documentación a Oyarbide «para probar que no cometió delito alguno», explicó su abogado Adrián Tenca.
«Las acusaciones son contra el apoderado, que era Sergio, y contra su hermano, y si cometieron delito tendrán que pagar», expresó Hebe de Bonafini en una entrevista que concedió el domingo al diario Tiempo Argentino, de línea oficialista.
«Todos los imputados están separados, porque no vamos a poner en riesgo todo, sabemos lo que hacemos, cómo podemos responder, pero la cosa está muy seria. Creo que las cosas van a andar bien», sostuvo la militante, firme en proclamar la inocencia del grupo que lidera pero dolida por el accionar de Schoklender, a quien consideraba un hijo.
En la denuncia no se involucra al organismo fundado por las madres de los desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983), pero sí ha puesto en cuestión la cercanía de ese grupo con el gobierno, que les ha girado millones de pesos para obras benéficas al parecer sin un debido control.
«Creo que hay una gran responsabilidad del gobierno que debe determinar controles, auditorias y rendiciones de cuentas, porque no se habla de monedas sino de millones y millones de pesos», expresó el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, también titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
Pérez Esquivel también cuestionó a las Madres por adoptar «una opción de acción partidaria» a partir de su cercanía primero con el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y luego de su sucesora Cristina Fernández.
Los Kirchner impulsaron una revisión de lo sucedido en la última dictadura militar y la anulación de las leyes de amnistía que permitió la condena de decenas de miembros de las fuerzas de seguridad. Las Madres, así como también las Abuelas de Plaza de Mayo, sintieron que por primera vez un gobierno tomaba como «cuestión de estado» sus reclamos de justicia.
Bonafini, madre de dos hijos desaparecidos, recuerda que Kirchner, fallecido el 27 de octubre de 2011, fue el primer presidente que la invitó a la Casa de Gobierno.
Pero militantes de otros organismos de derechos humanos, como el Serpaj de Pérez Esquivel, vieron en esa política «segundas intenciones»: Kirchner asumió en medio de una profunda crisis económica que desató un clima de agitación social permanente. La cercanía con militantes de derechos humanos le aseguraba cierto control de la calle.
Desde el gobierno dicen que a partir del caso Schoklender buscan atacar la política de derechos humanos oficial.
El canciller Héctor Timerman separó a Schoklender de Hebe de Bonafini, pero el ministro del Interior, Florencio Randazzo, lo sepultó. «Las Madres pudieron ser defraudadas», disparó contra el contratista oculto.
«El hecho está y hay que investigarlo..., pero están tratando de castigar duramente al corazón de los organismos de derechos humanos», afirmó el jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, en su habitual columna de opinión de los lunes en el canal privado Telefé.
La oposición, en tanto, ha presentado pedidos en el Congreso para que el Poder Ejecutivo de explicaciones sobre los fondos girados a las Madres, en coincidencia con la campaña electoral para las elecciones generales del 23 de octubre.
A través del programa «Misión Sueños Compartidos», las Madres de Plaza de Mayo construyen viviendas para sectores de bajos recursos en todo el país con subsidios del estado.
Por eso, las Madres, las Abuelas y todos los organismos de derechos humanos deben despojarse ahora de sus simpatías políticas y ayudar a que el Estado pueda auditar fondos que son de todos los argentinos. Pero la Justicia debe esclarecer no sólo cómo se enriquecieron los Schoklender, sino averiguar también quiénes son los funcionarios que se quedaron con dinero a cambio de participar en un negociado aparentemente protegido.
¿Por quien sería indispensable saberlo…?
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